Situación en la que el Ingreso Mínimo Vital entra en vigor
La situación de crisis provocada por el COVID-19 y, en consecuencia, las medidas que se han tomado para la contención de la expansión del coronavirus, han provocado un escenario de crisis económica y social sin precedentes.
La paralización de la actividad y los efectos de la crisis sanitaria sobre el crecimiento y el empleo son más que evidentes. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en mayo de 2020 se alcanza la cifra de 3.857.776 parados.
Esta situación sin duda afecta de forma más dramática a las familias que se encuentran en una situación de pobreza extrema. Según las últimas Encuestas de Población Activa en España hay 1,1 millones de familias con todos sus miembros en situación de desempleo y cerca de 600.000 en las que no se percibe ningún tipo de ingreso.
Este escenario ha provocado la implantación del INGRESO MÍNIMO VITAL, habiéndose ya previsto este tipo de ayuda en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pero que ante la gravedad evidente de la situación socioeconómica a la que se enfrentan las familias españolas su puesta en marcha se ha acelerado y ha entrado en vigor el 1 junio pudiéndose solicitar a partir del 15 de este mes.
Desde el inicio del planteamiento de la posibilidad de implantación de este Ingreso Mínimo Vital, se ha generado un importante debate a todos los niveles, ¿debería ser un subsidio permanente?, ¿cómo se compatibilizará con la gestión de otros subsidios con el mismo carácter de renta básica pero gestionados por las Comunidades Autónomas?, etc.
Problemas del Ingreso Mínimo Vital
Pero ¿cuál puede ser el problema real de este subsidio?. Ciertamente el de cualquier otro tipo de prestación de ingresos mínimos, y es que efectivamente se asigne a las personas que realmente lo necesiten y que estos no supongan un desincentivo a la hora de la incorporación o la búsqueda de un empleo en el mercado laboral.
Podemos enfocar la situación sobre dos ejes fundamentales:
- La gestión desigual del sistema de garantía de ingresos en España, pues la descentralización de la cobertura de estas necesidades hace que convivan muy distintas prestaciones, algunas gestionadas por el Estado, otras por las Comunidades Autónomas, incluso algunas que recaen o depende su gestión de las entidades locales. Esto implica que, a diferencia de la gran mayoría de los países europeos, España no cuente con un sistema centralizado que gestione la cobertura de las necesidades derivadas de una situación de extrema pobreza. Que esto se cubra con el Ingreso Mínimo Vital sigue generando serias dudas.
- Por otro lado, hay que tener muy presente la tasa de paro que desde hace años arrastra España, así como la elevada temporalidad y un gran número de empleos completamente estacionales al ser el eje fundamental de nuestra economía el sector servicios. Situación que no ha sido generada, sí agravada, por el COVID-19. Esta tasa de paro está estrechamente ligada con el desmantelamiento de nuestro tejido industrial, siendo España incapaz actualmente de generar empleo y, por lo tanto, riqueza suficiente como para disminuir en el corto o medio plazo esos altos niveles de desocupación.
Conclusión
Por todo ello, y como conclusión, el establecimiento de una renta mínima vital centralizada es necesario, pero el eje de la discusión ha de focalizarse en el problema de que en un estado del bienestar como es España haya millones de familias que dependan únicamente de subsidios. La clave está en generar riqueza y no en depender de la pobreza.
